El Consello Consultivo de Galicia y la Fegamp reforzarán la formación de los ayuntamientos en transparencia y buen gobierno
- Un convenio permite desarrollar acciones formativas, divulgar buenas prácticas y ofrecer herramientas al personal de las entidades locales
- Más del 65 por ciento de las reclamaciones a la Comisión de la Transparencia son contra denegaciones de acceso a la información pública en el ámbito local
Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2026.- El Consello Consultivo de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) apuestan por diseñar y desarrollar formación en materia de transparencia y buen gobierno para el personal de los ayuntamientos gallegos. Se trata de poner a disposición de las entidades locales un conocimiento práctico que facilite su trabajo en la gestión y resolución de las solicitudes de acceso la información pública.
El presidente del Consello Consultivo de Galicia y comisionado de la Transparencia, Andrés Lago, y por el presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, acaban de firmar un convenio marco de colaboración para impulsar actuaciones formativas. Este acuerdo da continuidad a la línea de colaboración institucional abordada en la reunión que ambas entidades mantuvieron el pasado 21 de julio, que estuvo centrada en el análisis de fórmulas de cooperación para agilizar los trámites de acceso a la información pública.
Hay que tener en cuenta que, desde el pasado 1 de mayo de 2026, la Comisión da Transparencia es un órgano colegiado independiente adscrito al Consello Consultivo de Galicia, al que le corresponde resolver las reclamaciones frente a las resoluciones de acceso a la información pública que establece el artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en su versión consolidada tras la modificación de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre.
En este contexto, la Fegamp y el Consello Consultivo de Galicia coinciden en la importancia de reforzar la cooperación para facilitar a las entidades locales la aplicación de la normativa y la resolución de las reclamaciones sobre acceso la información pública y transparencia, así como para ofrecer orientación sobre los criterios e interpretaciones en esta materia.
La transparencia, el acceso a la información pública tienen una especial relevancia en el ámbito de la Administración local, por su cercanía a la ciudadanía, según el presidente del Consello Consultivo de Galicia y de la Comisión de la Transparencia de Galicia.
Por lo tanto, la formación y actualización de conocimientos resulta fundamental para garantizar una aplicación adecuada de la normativa vigente en la materia de transparencia y más toda vez que más del 65 por ciento de las reclamaciones a la Comisión de la Transparencia son contra denegaciones de acceso a la información pública en el ámbito de las administraciones locales. Se trata de poner a disposición de las entidades locales formación y asesoramiento para facilitar su trabajo en la gestión y resolución de las solicitudes de acceso.
PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PRÁCTICAS
El convenio ahora firmado permitirá concretar esa colaboración mediante la organización de jornadas, cursos, seminarios y sesiones informativas dirigidas al personal de las entidades locales que desarrolla funciones relacionadas principalmente con la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno.
También prevé el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, el desarrollo de actividades de divulgación y sensibilización y la identificación de las necesidades formativas de los ayuntamientos y diputaciones para adaptar las actuaciones a sus demandas.
El objetivo es proporcionar al personal de las administraciones locales herramientas prácticas que faciliten la tramitación de los expedientes, el conocimiento de la normativa aplicable y la aplicación de criterios comunes, contribuyendo así a mejorar la gestión administrativa y a garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
VIGENCIA
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y establece un marco estable de cooperación institucional, sin que su firma implique por sí misma compromisos económicos para ninguna de las partes. Habrá una comisión paritaria de seguimiento, integrada por dos representantes de cada institución, que será la encargada de planificar las actividades, establecer sus contenidos y evaluar el desarrollo de las actuaciones de colaboración.
