Costa Pillado presenta la Memoria 2021 del Consultivo al presidente Alfonso Rueda.
El Consultivo emitió 422 dictámenes en el segundo año de la pandemia. Más del 50 por ciento de los expedientes informados corresponden a asuntos de sanidad (234).
El presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, acaba de presentar al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, la Memoria anual 2021 del organismo en la que se hacen constar 422 expedientes evaluados, de los cuales hace falta destacar que 234 corresponden a asuntos relacionados con la sanidad. En el balance general presentado a Rueda Valenzuela constan 54 expedientes más que en el ejercicio anterior, ascenso justificado por la reducción de la pandemia que facilitó la paulatina recuperación de la normalidad en el desarrollo de la actividad administrativa en general.
La Administración autonómica lidera de nuevo la presentación de casos a consulta, con 290 (21 más que el año anterior), y los asuntos dictaminados para la Administración local ascendieron a 131 (33 más que en 2020). En términos porcentuales, la Xunta aglutina un 68,72 por ciento de los expedientes, mientras que diputaciones y ayuntamientos se quedan en un 31,04 por ciento.
En lo que respecta la Administración local, la provincia que elevó más expedientes a consulta fue A Coruña (52), con ese ayuntamiento liderando (23), seguida por la provincia de Pontevedra (42), con Vigo en primer lugar (18). La provincia de Lugo presentó 14 expedientes a consulta y la de Ourense solo 12.
Del total de expedientes remitidos al Consello Consultivo para su examen, de acuerdo con la materia objeto de dictamen, el mayor número sigue correspondiendo a reclamaciones de responsabilidad patrimonial (327), seguidos de las revisiones de oficio de actos administrativos, con 40 expedientes, y de los contratos administrativos, con 26 expedientes
En el año 2021 se dictaminaron, además 17 proyectos de normas reglamentarias.
Proyecto de Ley de cambio climático
Otro informe del Consello Consultivo que alcanza al interés general de Galicia es el relativo a determinadas cuestiones sobre la constitucionalidad del Proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Un proyecto que comprometía a la continuidad de las depuradoras e industrias de acuicultura asentadas al largo de la costa gallega, en lo relativo la posibilidad de prórroga de las distintas concesiones que se encontraban vigentes.
El informe del Consultivo consideró inconstitucional un determinado precepto del Proyecto de ley por incurrir en vulneración de la prohibición constitucional de retroactividad de las normas que afecten a derechos ya integrados en el patrimonio de los particulares, y por vulnerar el principio de seguridad jurídica, por suponer un cambio legislativo no justificado, e imprevisible para un operador económico prudente y diligente realizado mediante una norma no clara.
El Proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en sus términos originales y modificado en el Senado ajustándose al criterio indicado por el Consello Consultivo.